Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha afirmado ayer en el programa de Madrid Opina dirigido por Ernesto Sáenz de Buruaga que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia hace unas semanas que permite a la policía y a otros cuerpos de seguridad interferir e interceptar comunicaciones de redes P2P sin autorización judicial, con la finalidad de identificar delitos como el de la pederastia.
Para obtener la dirección de IP y el número de teléfono, es necesario que el usuario aporte dicha información, y para ese momento si es necesaria una orden judicial. Resumiendo podemos decir que lo que es legal es investigar el tipo de archivos que se están compartiendo, como así también sus contenidos.
Vía: ADSL Net
Autor: Lisandro Berardi
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